25 y 26 de Marzo 2026 - Audiencia PÚBLICA - GLACIARES
25 de marzo presencial en la Cámara de Diputados (presencial en CABA) y 26 de marzo virtual:
#Es una instancia pública y un derecho democrático: participás para decir qué país querés, con respeto, pero sin miedo.
#No hace falta ser técnico o profesional. Podés hablar desde tu vida: agua, territorios, glaciares, cuencas.
“¿Sirve de algo?” Sí. Es la antesala de una decisión política: necesitamos ser miles para que diputados rechacen el vaciamiento de la Ley de #Glaciares.
#Esta puede ser la última oportunidad de frenar un retroceso que pone en riesgo nuestras fuentes de agua.
Los glaciares argentinos
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias. El Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el IANIGLA, identifica 16.968 cuerpos glaciares con una superficie total estimada de 8.484 km². Más del 36% de la superficie continental argentina se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que subraya la dependencia de las comunidades y la producción respecto a estos reservorios.
Desde el punto de vista ecológico, los glaciares y el ambiente periglaciar sostienen una biodiversidad altamente especializada. Ambientes como humedales altoandinos, vegas y turberas dependen del aporte hídrico del deshielo. Un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina junto a otras organizaciones señala que más de la mitad de las especies de vertebrados del país viven en regiones relacionadas con el agua glaciar y que una proporción aún mayor de las especies amenazadas depende de estos sistemas.
Porque debemos protegerlos?
El retroceso de los glaciares argentinos es un fenómeno confirmado por la evidencia científica. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, según un estudio en el que participaron científicos del CONICET, donde el aumento de la temperatura y la disminución de precipitaciones, especialmente en invierno y verano, generan un adelgazamiento sostenido y reducen la capacidad de anclaje al terreno.
La Organización Meteorológica Mundial confirmó que 2025 fue uno de los tres años más cálidos registrados. La temperatura media mundial superó en 1,44 °C el promedio del período preindustrial. Este aumento intensifica el derretimiento de los glaciares y reduce la formación de nuevo hielo.
A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla que los glaciares contienen cerca del 69% del agua dulce del planeta, regulan caudales de ríos y son esenciales durante las estaciones secas. Entre 2000 y 2023, los glaciares del mundo perdieron en promedio 273 mil millones de toneladas de masa al año, lo que aportó 0,75 milímetros anuales al aumento del nivel del mar.
En Argentina, la protección legal de los glaciares depende de la vigencia de la Ley 26.639 y del fortalecimiento del monitoreo y las áreas protegidas. La comunidad científica coincide en que solo la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero permitirá frenar el retroceso glaciar y asegurar la resiliencia de los sistemas naturales y productivos frente al cambio climático.
Qué dice la Ley de Glaciares vigente y qué se pone en riesgo con los cambios que propone el Gobierno?
El gobierno nacional, junto a gobernadores de distintas provincias, impulsa una reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una norma sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Donde la iniciativa representa “un grave retroceso ambiental” en la protección de uno de los ecosistemas más relevantes del país.
Qué protege la ley vigente?
La norma reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. De su deshielo dependen ríos, lagos y arroyos que abastecen de agua para consumo humano, riego agrícola y ganadero, turismo y diversas actividades industriales. Además, cumplen un rol central en la regulación del clima y sostienen una biodiversidad única en zonas de alta montaña.
La ley encomendó al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) la realización de un Inventario Nacional de Glaciares para identificar y delimitar las áreas a proteger. En esas zonas se prohíben actividades que puedan afectar su función natural, como:
• La exploración y explotación minera.
• La actividad hidrocarburífera.
• Obras de infraestructura.
• Cualquier emprendimiento que implique la liberación de sustancias contaminantes o la alteración significativa del ambiente glaciar y periglacial.
• Se trata de una norma de presupuestos mínimos, es decir, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
Que se quiere modificar?
Según el proyecto de reforma oficial, las provincias podrían:
• Autorizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciales.
• Solicitar la revisión del Inventario Nacional de Glaciares, habilitando actividades donde hoy están prohibidas.
• Quedar eximidas de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental Estratégicas para actividades no expresamente prohibidas en zonas glaciales y periglaciales.
• Si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, el artículo 41 dispone que la Nación debe dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que luego las provincias pueden complementar, pero no reducir.
Es decir la reforma implica tensionar ese esquema constitucional y debilitar el estándar ambiental vigente.
El principio de no regresividad
Otro de los puntos centrales del debate es el principio de no regresividad en materia ambiental, reconocido en la Ley 27.566 que incorpora el Acuerdo de Escazú al derecho argentino. Este principio establece que, una vez alcanzado un determinado nivel de protección ambiental, el Estado no puede retroceder en ese estándar. Desde esta perspectiva, modificar la Ley de Glaciares para flexibilizar prohibiciones podría interpretarse como una vulneración de ese principio.
El relevamiento aéreo de Greenpeace en San Juan
En medio del debate en el Senado, en Febrero 2026, , Greenpeace difundió un relevamiento aéreo realizado en San Juan que documenta intervenciones mineras en áreas protegidas por la ley vigente, incluyendo el glaciar de escombros G110, inventariado oficialmente.
Según la organización, en los sobrevuelos se observaron aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para tareas exploratorias en sectores de alta montaña donde la normativa actual restringe este tipo de actividades. La organización advierte que modificar el alcance de la ley en este contexto podría “blanquear” proyectos que hoy estarían en infracción y reducir el estándar de protección de reservas críticas de agua dulce que alimentan los ríos San Juan y Jáchal, fundamentales para miles de personas y economías regionales.
Qué está en juego.? POR ESO ES IMPORTANTE PARTICIPAR
Más allá del debate jurídico, la discusión gira en torno a un punto central: si el país mantiene un límite claro para proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua o si flexibiliza la normativa para adecuarla a proyectos extractivos en marcha.
En un escenario atravesado por la crisis climática y la creciente presión sobre los recursos hídricos, el alcance de la Ley 26.639 no es un asunto técnico aislado, consideran las voces expertas. Es una definición política y ambiental que impacta directamente en la seguridad hídrica, la biodiversidad y el modelo de desarrollo que se proyecta para el país.
El debate se intensifica por la presión de provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que forman parte del “triángulo del litio” y concentran proyectos mineros de alto impacto. En tal sentido la ley vigente impone un piso de protección ambiental obligatorio para las provincias, quienes pueden ser más estrictas, pero no menos. Y la reforma implicaría que criterios políticos provinciales definan qué glaciar queda protegido y cuál no, lo que debilita el rol de la ciencia y la transparencia en la gestión ambiental.
Un aspecto a tener en cuenta, es el estado desactualizado del inventario de glaciares, atribuido a la falta de fondos y a la intención oficial de desplazar a los equipos científicos del CONICET en favor de controles locales más permeables a los intereses económicos. En este contexto, la presión por habilitar nuevas inversiones mineras impulsa la discusión parlamentaria, mientras comunidades locales y sectores ambientalistas alertan sobre el riesgo de perder reservas de agua dulce esenciales para el país y que hoy brindan agua potable a mas de 7 millones de Argentinos.-
ANOTATE ACÁ A DEFENDER LOS GLACIARES
Lic. Mascheroni FabianMat. CIE N° 2-5312-0 / Mat. N° 0667 MAyCC - Santa Fe@famascheroni


